LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE - "LEY SINDE"

Como casi todo el mundo sabe, la Ley de Economía Sostenible, más conocida como “Ley Sinde”, fue recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados dando lugar a un sinfín de protestas en la red. Protestas que se centran en el proceso a través del cuál se determina la vulneración de los derechos de propiedad intelectual o en otros aspectos menos objetivos como las supuestas presiones de las industrias y grandes empresas audiovisuales.Así pues, quien más quien menos, ha oído hablar de esta polémica ley pero quizás no todo el mundo sepa exactamente cuál es su funcionamiento.

El colectivo Anonymous protestando contra la Ley sinde

 ¿ Cómo funciona la llamada ley Sinde?

El pasado mes de diciembre la presión de la comunidad de usuarios de Internet consiguió que los grupos parlamentarios retiraran su apoyo a la ley basándose fundamentalmente en la falta de garantías judiciales en el proceso de cierre de páginas web ya que la primera versión de la “Ley Sinde” que se dio a conocer a finales de 2009 permitía este proceso sin la necesidad de intervención de un juez.

Dos meses después, y tras las negociaciones que llevaron a su aprobación en el Senado, y que prometían dichas garantías judiciales la norma llegó de nuevo al Congreso para su definitiva ratificación (con los apoyos de PSOE, PP y CIU) , lo que podría provocar que antes del verano ya estuviera vigente.
Con todo, la Ley Sinde (que no es propiamente una ley sino la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible) fue finalmente aprobada por el Congresos de los Diputados.

El objetivo de dicha ley es permitir que una comisión de propiedad intelectual dependiente del Ministerio de Cultura tenga la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos de propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo y tras recibir la pertinente denuncia que a la postre es la que inicia el proceso.

El principal problema es que los jueces no se encargan de determinar la vulneración o no de los derechos de propiedad intelectual sino simplemente ratifican o niega la resolución a la que ha llegado la comisión, basándose en la posible vulneración de determinados derechos fundamentales.

Dicho de otra manera, es la Administración la que se encarga de juzgar quitando a los jueces la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet, siendo esto una clara intromisión en el Poder Judicial y que supone una clara violación del principio de separación de poderes.

Por último, es una ley poco clara en cuanto a su contenido y limites de la que, lamentablemente, puede deducirse que el derecho de propiedad intelectual está fuera de la tutela judicial.